Cuando se forma parte de una profesión como es la de detective, es necesario conocer todas las reformas de ley que afectan a las táreas propias, como es la de aportar pruebas para un juicio, y poder asesorar debidamente a todos nuestros clientes.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya función principal consiste en establecer las normas básicas, sobre las que se rigen la actuación de los jueces y tribunales, en las diferentes fases de un proceso penal, así como todos los procedimientos a seguir, ha sufrido una profunda reforma que ha variado significativamente algunos puntos, y que son de obligado conocimiento para los detectives privados.
Entre las principales novedades que incluye la reforma, destacan la incorporación de una nueva figura en el proceso penal, la del juez de garantías, el cual se encargará de preservar todos los derechos fundamentales que correspondan a la persona imputada. La segunda figura que incorpora ésta reforma es el juez de audiencia preliminar, que será el encargado de comprobar el material del que se dispone para la acusación, y decidirá sobre la conveniencia o no de formular acusación alguna sobre el imputado. Además, será el fiscal el que controle las investigaciones, labor encomendada hasta ahora al juez.
Esta nueva reforma de la Ley afectará también a los medios de comunicación, los cuales verán limitada la difusión de información, acerca de los implicados en delitos o acusaciones públicas, prohibiéndose de éste modo exponer públicamente tanto la identidad como las imágenes de los acusados.
Se establece por primera vez el Estatuto de la Víctima, por el cual se ofrece a la persona afectada protección, además del derecho a conocer todas las pruebas relacionadas con investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en el proceso.
Toda exploración física llevada a cabo para la recogida de muestras de ADN, deberá realizarse siempre en presencia del personal sanitario, que estime conveniente la correspondiente autorización judicial.
El imputado tendrá derecho a sentarse junto a su abogado defensor en la celebración del juicio, y se permitirá el careo entre los testigos. El derecho a la acusación popular queda prohibido para los partidos políticos, las administraciones públicas y los sindicatos.
Cambios bastantes relevantes que ofrecen una mayor protección y amparo de los derechos fundamentales a los imputados en un proceso penal. La reforma incluye una cláusula en la que se exige un cambio del actual lenguaje jurídico de forma que sea entendible para todos los ciudadanos, y no contenga tecnicismos que dificulten su comprensión.