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Los detectives privados siguen sin tener acceso a determinadas informaciones

A punto de entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada, los detectives privados españoles continúan demandando mejoras en el desempeño de su profesión.

10 jun 2014 en Actualidad de detectives - Lectura: min.

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Foto de Baker Detectives.

A punto de entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada, los detectives privados españoles continúan demandando mejoras en el desempeño de su profesión. Según parece, la nueva normativa regulará por fin algunas lagunas importantes del sector e intentará evitar el intrusismo profesional –uno de los grandes problemas contra los que han estado luchando los investigadores-, pero el colectivo sigue reivindicando que no se les faciliten determinados datos en todo tipo de organismos públicos.

Petición reiterativa

Los detectives son profesionales que han cursado y aprobado los estudios obligatorios para poder desempeñar esta labor y que, además, han recibido las acreditaciones correspondientes procedentes de diferentes organismos públicos –están habilitados por los Cuerpos de Seguridad del Estado y los autonómicos-.

Y, sin embargo,  no disponen de los permisos requeridos para acceder a datos que, realmente, serían necesarios para poder realizar correctamente su trabajo, tal y como especifican diferentes asociaciones profesionales.

Así, por ejemplo, desde el Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, indican que el poder consultar denuncias por maltrato o datos al respecto les ayudaría a detectar posibles acosadores que acudieran a ellos aparentando ser parejas que quieren investigar a sus cónyuges por infidelidad.

Ampliar sus competencias

Igualmente confirman que, a diferencia de cómo ocurre en otros países europeos, la ley les impide investigar cualquier delito que sea perseguible de oficio. Es decir, sería ilegal que colaboraran con los Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de un crimen –aunque sí podrían intervenir si son requeridos por las partes implicadas en temas como competencia desleal o fraudes-.

Por ello, y atendiendo al derecho que todo ciudadano debería tener –y que, desde su punto de vista, debería prevalecer- para poder contratarles de forma particular, también reivindican una modificación de la ley en este aspecto. De hecho, justifican esta necesidad alegando que su objetivo no es interponerse o dificultar la investigación en estos casos, sino contribuir en una resolución más rápida y efectiva.

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