La aprobación del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que fue remitido el pasado 14 de junio del Consejo de Ministros a las Cortes, no ha cumplido del todo con las expectativas de los detectives privados, que ya alzaron la voz contra algunos puntos que presentaba el anteproyecto.
Si bien es cierto que, por ejemplo, han conseguido que finalmente no se permita a los profesionales de la seguridad privada realizar ningún tipo de investigaciones –con lo que quedan delimitadas las competencias de cada gremio y se evita, con ello, el intrusismo-, consideran excesivo el control que se va a realizar sobre su trabajo a partir de ahora.
De hecho, con respecto al anteproyecto, se mantiene la obligatoriedad de que realicen informes –además de los libros de registro que ya poseen y actualizan en todo momento- en los que incluyan tanto los datos del cliente como los resultados de sus investigaciones y los métodos que han empleado, y que éstos deben estar siempre disponibles para la Autoridad Judicial y para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Algunas voces incluso determinan que ésta podría ser una medida anticonstitucional que atenta contra el derecho a la intimidad de las personas, ya que se desvelarán a terceros –policías y jueces- datos y circunstancias que no siempre tienen que ver con la seguridad pública.
Por otra parte, temen que, tomando como base estos informes, el Ministerio del Interior podría llegar a crear un fichero de datos personales. Al respecto, la Ley Orgánica de Protección de Datos especifica que estos archivos sólo podrían elaborarse “cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.
No en vano, y según ha comentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el objetivo final es sistematizar al máximo su labor ya que “es una actividad que afecta la inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personal y familiar".
De ahí que, además, el proyecto de Ley contemple también que las imágenes y sonidos que se hayan grabado durante las vigilancias tendrán que ser destruidos un año después de haber finalizado el informe.