Contratan detectives para denunciar fraudes en los procesos de escolarización

El intentar conseguir que sus hijos obtengan plaza en los centros educativos más solicitados está llevando a algunos padres a cometer fraudes en el proceso de escolarización al empadronarse en viviendas cercanas al colegio para obtener más puntos. Esta irregularidad ha llevado a que los demás interesados contraten los servicios de detectives privados para demostrar el fraude.

27 mar 2013 en Actualidad de detectives - Lectura: min.

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Los detectives privados reciben cada vez más casos relacionados con fraudes en el proceso de escolarización.

Entre los criterios que se tienen en cuenta a la hora de obtener puntos para adjudicar las plazas de los colegios o las guarderías públicas se encuentra el lugar de residencia de la familia. Así, conseguirán más puntos quienes están empadronados dentro del área de influencia de la escuela o, en su defecto, en las zonas limítrofes.

Por ello, cada vez se detectan más casos de padres que, con el objetivo de llevar a sus hijos al centro más demandado –normalmente porque está mejor considerado, garantiza una mejor enseñanza, etc.-, falsean los datos de empadronamiento.

Se trata de un fraude en el proceso de escolarización que, cada vez con mayor frecuencia, los padres que se ven afectados por él al no poder matricular a sus hijos pese a tener todos los derechos, intentan combatir con sus propias herramientas. Entre ellas, se encuentra la contratación de un investigador privado para que encuentre pruebas que lo demuestren.

El procedimiento habitual es, según se apunta, empadronarse en el domicilio de algún pariente o amigo que esté dentro del área de influencia del centro en cuestión, aunque esta no sea su residencia habitual.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba indicó que, en 2009 se produjeron 1.961 modificaciones de domicilio, aunque lo llamativo fue que los cambios se incrementaron en un 65% durante el primer trimestre del año.

Una práctica que, tal y como indican desde diferentes Delegaciones de Educación, puede ser investigada por las propias Policías Locales, aunque siembre debe existir una denuncia previa que, normalmente, realizan otros padres o, incluso, el propio centro.

No obstante, los procesos pueden ser más lentos que si existen pruebas o el testimonio aportado por un detective. Eso sí, en todos los casos en los que realmente se demuestre que ha existido un fraude, la sanción administrativa puede ir desde la retirada de todos los puntos obtenidos por el dato falso aportado –entre 8 y 14- hasta, incluso, la retirada de todos los derechos de prioridad aunque se hayan obtenido por otros baremos.

Foto: Grupo Arguo Detectives

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