No todas las motivaciones que empujan a encontrar una dirección o un punto geográfico concreto resultan legítimas o conformes ante la justicia. Contratar a un servicio de detectives privados que nos informe y nos oriente sobre los procedimientos reglamentarios a llevar a cabo es fundamental para que no se traspase en ningún caso la frontera de la ley.
Ésta constituye una de las primeras premisas que rodean a la búsqueda de domicilios o direcciones postales, puesto que se trata de datos que pertenecen a la intimidad y a la privacidad de las personas y que, en caso de ser desconocidos, sólo pueden solicitarse si existe una fundamentación avalada por la legislación. En este aspecto, se contempla la regularidad de la localización de domicilios en los casos en los que existe un interés legítimo, como por ejemplo encontrar a un deudor, descubrir el paradero de un familiar o entregar algún informe de solvencia. Por el contrario, no resultaría en ningún caso legítima la búsqueda de un domicilio en la que no existieran causas legales o suficientemente importantes para revelar datos privados de la vida de esta persona. Claro ejemplo de ello es la localización de ex parejas, cuya principal motivación, que puede provenir del simple deseo de retomar el contacto, no estaría justificada en ningún caso por la ley.
En los casos en los que no existe legitimidad probable, cabe la posibilidad de que se facilite al individuo que está siendo buscado la información necesaria para que conozca de antemano quién está intentando localizarle y qué motivaciones han conducido a iniciar la investigación. En última instancia, éste decidirá si quiere o no ponerse en contacto con la persona que le ha estado buscando, respetando en cualquier caso su decisión final. De ahí la importancia de ponerse en contacto con un equipo experto de detectives, puesto que de no respetarse la legalidad que incluye la privacidad puede incurrirse en delito.